Gasto estrictamente indispensable

El artículo 31, fracción I, de la Ley del ISR, vigente en 2012, establece que las deducciones autorizadas deben reunir, entre otros requisitos, el de ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente. Por su parte, al resolver la contradicción de tesis 128/2004, el Alto Tribunal definió algunos de los parámetros que conforman la noción de indispensabilidad de los gastos, esencialmente traducida en que dichas erogaciones reporten beneficios tales que, de no efectuarse, se dejaría de estimular la actividad productiva del contribuyente. Así, es axiomático que, tanto el requisito previsto en el citado precepto, como las consideraciones de la Corte en relación con el aludido concepto, parten de la premisa de que las operaciones que vayan a sujetarse a ellos tengan lugar en la realidad, pues el lenguaje del legislador se dirige siempre a conductas humanas que impactan la existencia social, tan es así que, a la luz de la teoría de los componentes de la norma, toda consecuencia legal es precedida por un supuesto de hecho o de derecho que la genere, mismo que materialmente debe acontecer; de lo contrario, no tendría sentido hablar de una consecuencia, ya que el sistema jurídico gravitaría sobre un 'no ser', determinando el tratamiento jurídico de cuestiones ajenas al mundo fáctico. Luego, tiene inevitable relevancia en la procedencia de la deducción o acreditamiento del pago por un servicio o bien, el hecho de que efectivamente haya sido prestado o recibido, pues no puede considerarse indispensable o necesario para el desarrollo de una empresa, lo que ni siquiera existió. Así, debe rechazarse la postura consistente en que, si el legislador no estipuló expresamente, para efectos de la deducción, el requisito de que los pagos correspondan a operaciones verdaderas, entonces no debe dársele tal alcance a la legislación de la materia. Ello, en atención al principio hermenéutico de reducción al absurdo, que permite refutar el significado de un enunciado normativo, de entre los teóricamente posibles, por las consecuencias absurdas a las que conduce, tomando como parámetro la imagen de racionalidad del legislador. Tesis de la Sala Regional del Norte-Centro IV y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles del TFJA, publicada en marzo de 2022.