Ocho disposiciones fiscales que causan inseguridad jurídica: SHCP

Debido a que el proceso de solicitud de información a instituciones de crédito por medio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores entorpece el ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, la Secretaría de Hacienda ha solicitado tener la facultad de solicitar dicha información directamente a los bancos, ya que el que previo al inicio de las facultades de comprobación los contribuyentes dejen en ceros sus cuentas, causa inseguridad jurídica y propicia que no haya garantía para el cobro de posibles contribuciones. De acuerdo con el Informe de Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondiente al primer semestre del 2004, Hacienda manifiesta que hay ocho disposiciones fiscales que han causado inseguridad jurídica en la recaudación del primer semestre del año. La Dependencia manifiesta que es necesario que se establezca a las empresas la obligación de proporcionar información de sus principales clientes y proveedores, para que de esa forma, se pueda cruzar la información y detectar omisiones de ingresos. Además establece que, debido a que no existen definiciones de “local”, “asiento principal de los negocios” ni de “administración principal del negocio”, en el concepto de domicilio fiscal, los contribuyentes están omitiendo el pago de sus obligaciones. Asimismo, se indica que la disposición que obliga a la autoridad a concluir anticipadamente la visita domiciliaria en los casos en que el contribuyente visitado se dictamine, impacta en el ejercicio de las facultades de comprobación. En el caso de contribuyentes relacionados con el comercio exterior, las órdenes de visitas domiciliarias crean problemas ya que en la orden debe venir impreso el nombre del contribuyente, el cual generalmente no se conoce, lo que también causa inseguridad jurídica en al recaudación. Hacienda también recomienda valorar la posibilidad de que la Junta de Gobierno del Servicio de Administración Tributaria pueda delegar la facultad de celebrar convenios con los contribuyentes para condonar multas y recargos. Otra disposición que resulta necesaria según la dependencia es regular la posibilidad de que las autoridades que cuenten con firma electrónica puedan imprimir el registro de dicha firma. Por último, Hacienda también plantea establecer plazo y precio de la enajenación fuera de remate directamente o a través de empresas.